Opinión

Cámara de Cuentas bajo el Escrutinio Público su Cuestionada Institucionalidad

Luis Sánchez Díaz

Ante el umbral de «juicio político” de los miembros que integran CC por presuntas malas prácticas, entre estas, la de esconder auditorias, conforme el informe de interpelación de la Comisión designada por la Cámara de Diputados, en la que se revelan serias imputaciones a este importante organismo al que la Constitución en los artículos 246 y 248 le asigna función preponderante en el sistema de control externo de la fiscalización de los fondos públicos. Por su parte, mayoría del Senado rechazó hacer la interpelación.

La C. C. es el organismo superior de control externo del Estado, responsable de ejecutar las funciones de control fiscal e inversión de los recursos públicos a través de auditorías, teniendo además la competencia para emitir normas que obligan a las instituciones en términos de la materia de que se trate, para su debido cumplimiento a los fines de lograr la eficiencia, fortalecer la transparencia, y contrarrestar la corrupción administrativa.

La Ley No. 10-2004 que rige la C.C. establece en su artículo 5, el Sistema Nacional de Control y Auditoría, en el artículo 6, que es el organismo superior con la competencia en el ejercicio de sus atribuciones, para normar la fiscalización de los recursos públicos, contando con la estructura técnica organizada,  en el artículo 18, en términos jerárquicos figura el pleno como máxima autoridad, y el presidente la máxima autoridad ejecutiva para procedimientos administrativos, y el articulo 20, lo atinente a los asuntos técnicos.

Asimismo el artículo 19 faculta al pleno de la C.C. para emitir resoluciones de aprobación de los reglamentos internos, los nombramientos y la remoción de personal, así como la contratación de asesores, planes y presupuesto interno, entre otros, y para la toma de decisiones debe de estar siempre presente el presidente, en su defecto, el vicepresidente

Por su parte el Artículo 20 faculta al presidente para planificar estrategias, elaborar informes, proponer nombramientos y contrataciones para la aprobación del pleno, dirigir las sesiones, representar a la institución en actos oficiales, autorizar los gastos, firmar la documentación en general, realizar traslados de personal, aplicar la sanción y suspensión a empleados que incurran en faltas disciplinarias, remitir a las autoridades competentes los casos que originen determinado tipo de responsabilidad, entre otras.

Los miembros de la Cámara de Cuentas bajo el escrutinio público fueron elegidos por el Senado de la República para el período 2021-2025, siendo el presente cuestionamiento a su credibilidad y competencia, una muestra mas de los escarceos cíclicos a que ha sido sometida dicha institución por la gran debilidad institucional que sufre la R.D., la falta de continuidad en el Estado, donde el discurso de la partidocracia dista mucho de la práctica cuando asumen el gobierno, generándose las luchas de intereses y retaliaciones.

 

“Con Sustracción de recursos del Estado serían suficientes para hacer dos R.D.” 

 

  He de recordar expresión de la Dra. Licelot Marte de Barrios, presidenta 2008-2017 de la C.C. (EPD), al participar en un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana (Listín Diario 28-8-2013), quien con gesto de desahogo al reivindicar su gestión al frente de la institución, dijo que: fiscalización que realiza la C.C. no la quiere nadie, y que…“con la distracción de recursos a través de instancias del Estado serían suficientes para construir dos R.D, y para afirmarlo tenía el aval, las evidencias por su trayectoria en la función pública, había sido ya ministra de Hacienda, entre otros cargos.

Ante la gran magnitud de la corrupción pública revelada por presidenta de la C.C. el Lic. Luis Abinader Corona, a la fecha aspirante presidencial por el PRD, propuso formalizar su interpelación ante el Congreso Nacional (Diario Libre 1-9-2013), ya que obligaba al Presidente de turno, Lic. Danilo Medina, quien al juramentarse había prometido que actuaría en contra de la corrupción por el simple rumor público, a replantear su política frente al problema No. uno de la RD. que en el momento figuraba entre los países más corruptos de América Latina, corroborado por entidades nacionales anticorrupción de Participación Ciudadana, transparencia internacional (TI) y el foro económico Global

30 Auditorías Anunciadas año 2005 que si se Publicaban Temblaría R.D.

 

He recordar también en el año 2005, la alarmante revelación de 30 famosas auditorías. Anuncio hecho público por el entonces ministro de la presidencia, Licdo. Danilo Medina, hoy ex presidente, al asumir gobierno del PLD en agosto del año 2004, (…) de que las pruebas de corrupción eran tan graves que si las divulgaban temblaría el país.

 

Esa ha sido la historia política del país, que al iniciar períodos de gobiernos, anuncian acciones contra los depredadores del erario público, y después a través de conciliábulos y apañamientos no cumplen su promesa de que se investiguen a profundidad las pruebas de peculado de imputados, ni se incautan los bienes,  activos producto de la corrupción.

 

Ante esta deplorable delación pública, que generó gran expectativa en la sociedad por la coyuntura social, política y económica del País que asumía el nuevo Gobierno, y por la responsabilidad de las funciones a su cargo de Ministro, era imperativo de apoderar al Ministerio Público para iniciar las investigaciones a presuntos imputados y cómplices, toda vez, que todo aquel que tenga la oportunidad de hablar o accionar sobre hechos negativos, y no lo hace, por su silencio se convierte en cómplice de negativos resultados.

 

En contexto, Editorial del Listín Diario del 13 de junio, 2005, se refirió en los términos siguientes con relación a las auditorías denunciadas: “Qué sentido tiene anunciar las auditorías y luego ocultarlas al conocimiento libérrimo del pueblo. La sociedad no debe aceptar que prosiga la permisibilidad de ocultar los graves delitos contra la nación, era el momento con el nuevo código, dejar que la función de descubrir la verdad y penalizar los actos de corrupción, fuera ejercido por los tribunales de justicia” (…).

 

Como se puede apreciar la verdad fue apañada, todo por las conveniencias políticas de intereses económicos, cotizantes, rentistas, clientelistas, allegados a los dirigentes y de los líderes políticos, triste realidad por la que alta corrupción siguió su derrotero en los sucesivos gobiernos; y así la grave denuncia de las 30 auditorías quedaron en el limbo, olvido eterno, años después, período 2012-2020 fue elegido presidente de la República, y ahora el gobierno que presidió está siendo cuestionado por presunta alta corrupción.

 

Es de resaltar que las auditorías a las instituciones públicas, no están solo sujetas a la exclusividad probatoria de la C.C. que si bien es el organismo de fiscalización, conforme a la ley de referencia más idóneo y veraz, por lo visto, acumula años de rezagos en la vigilancia de la gestión pública, inobservancia que estimula las actuaciones deliberadas de funcionarios, y servidores públicos, ante el imperativo de rendir cuentas, conforme ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de las Declaraciones Juradas de Patrimonios, al asumir el cargo, y después de ejercer las funciones delegadas

 

Razón que ameritaba revisión y adecuación urgente de la La Ley orgánica No. 10-04 que rige la C.C., proyecto de ley que fuera sometido en el 2020, y reposaba en el Congreso, y en vista de circunstancia de dicho organismo, fue aprobado en 1ra. lectura por el Senado el pasado 5 del mes en curso, anteproyecto de ley que pasará a la Cámara de Diputados.

 

P.C.: 20 Años de Impunidad, y La Corrupción sin Castigo.

 

Texto Veinte Años de Impunidad, (1983-2003) del, Movimiento Cívico no Partidista, de Participación Ciudadana, Ed. 2004, resume a través de ponderada investigación 227 casos de corrupción administrativa en la gestión pública, sometidos a la justicia, abarcando 6 períodos gubernamentales que se han sucedido en la dirección del Estado. Y en el año 2014 P.C. continuación del estudio, “La corrupción sin Castigo”, que recopila denuncias y querellas de 94 casos de peculado impune, registrado período 2000 al 2013.

 

Conforme refiere el primer estudio de los 227 casos de corrupción, fueron localizados en las diferentes instancias judiciales, de los cuales 185, el 81.5% se encontraron en el Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO).  Mientras que 22 casos, 9.7% fueron localizados en juzgados de instrucción, Cámara de calificación y la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, y en la Suprema Corte de Justicia reposaban dos (2); en la Corte de Apelación 1, y en la Procuraduría General de la República, otro.

 

Los recopilados en los 20 años , sólo en seis (6) casos, que representan apenas el 2.6% del total localizado, la justicia dominicana ha logrado llegar a las decisiones definitivas.

 

La Marcha Verde, Protesta de Jóvenes en Plaza de la Bandera, y Cacerolazos

 

La clase política y funcionarios del Gobierno deberían de recordar que la marcha verde, enero, 2017; la protesta de jóvenes en plaza de la Bandera, marzo 2020, y cacerolazos, febrero, 2020, tuvieron como motivación el gran deseo de justicia de la no impunidad a quienes depredaron el erario público, el respeto a la institucionalidad democrática, y en plena pandemia del Covid-19, ciudadanos salimos a votar por un cambio real, para que un Ministerio Público independiente, apoyados en auditorías de la C.C. y la Contraloría, iniciaran investigaciones para sancionar la corrupción rampante que ha sufrido la R.D.

 

Pobre País! que la institución llamada a ser guardián del erario público, con la autoridad de poner al descubierto la corrupción administrativa, para que impere la justicia contra imputados y cómplices de malversación de fondos públicos, asuman las consecuencias penales,  pase por tan degradante y penoso cuestionamiento, poniendo en tela de juicio sus dictámenes en momentos que, por fin se logra un Ministerio Público Independiente y respetable, que realiza encomiable labor de justicia apegada al debido proceso de ley.

 

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