Por: Eddy Olivares
La contribución a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular, es el más importante de los fines que les atribuye la Constitución de la República a los partidos políticos.
Para lograr la ansiada meta de convertir a sus candidatos en representantes del pueblo, los partidos políticos tienen que contar, imprescindiblemente, con una poderosa y efectiva maquinaria electoral.
En ese sentido, la conquista de los cargos de elección popular implica un esfuerzo titánico de los miembros de los partidos políticos, los cuales tienen como una de sus principales motivaciones la de servirle a su país desde el gobierno encabezado por su partido.
Sin embargo, la candidatura que motiva la mayor participación de militantes y afiliados en la campaña electoral es la de presidente de la República, debido, principalmente, al interés que despierta ser parte del gobierno. Los simpatizantes, por su lado, se identifican más por su identificación con las propuestas programáticas del partido o por ser atraídos por el candidato.
No se puede negar que cuando los pueblos conquistan la libertad y logran consolidar la democracia, como ocurrió en la República Dominicana a partir del 1978, los ideales dejan de ser la esencia de la lucha política. A partir de entonces los ciudadanos fundamentan su militancia partidaria en el apego y el sentido de pertenencia al partido, que ha sido definido por Giovanni Sartori, de una manera abreviada, como “cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos”.
Como se puede apreciar, la razón de ser del partido político es alcanzar el poder mediante la conquista de los cargos públicos, a través del voto. En ese mismo orden, la de sus miembros es servirle a su país en calidad de funcionarios públicos.
Por lo tanto, cuando un partido logra llega al poder es lógico que sus miembros exijan ser incorporados a la administración pública. Con más razón los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos afiliados, de conformidad con el literal b del artículo 8 de sus Estatutos, tienen derecho a “asumir posiciones en la administración pública en las gestiones de gobierno presididas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) u otra organización política en la que el Partido haya participado como aliado en las elecciones que generaron dicho gobierno”.
A pesar de lo anterior, muchos dirigentes medios y la mayoría de los cuadros intermedio y de base del partido oficial no han sido designados en el gobierno.
Designar en la administración pública un número limitado de tecnócratas, sin vínculo con el partido gobernante, no es nuevo. Lo que si ha llamado la atención es la lentitud de los nombramientos de los miembros del PRM, después de haber permanecido durante dieciséis años en la oposición.
Los cambios de gobierno conllevan la sustitución, salvo algunas excepciones, de los funcionarios de la administración saliente por los entrantes, en su gran mayoría provenientes del partido gobernante, que son los que tienen el compromiso y la voluntad de contribuir con el éxito de su gobierno.