SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público investiga una presunta red de extorsión y chantaje encabezada por el comunicador Ángel Martínez, conocido como “El Detective”.
La estructura que estaría liderada por Martínez se ha dedicado a realizar prácticas de difamación, injuria y uso indebido de plataformas digitales contra figuras públicas del país.
De acuerdo a los resultados arrojados de la investigación realizada por los organismos de investigación del Estado dominicano, la estructura que estaría liderada por Martínez se ha dedicado a realizar prácticas de difamación, injuria y uso indebido de plataformas digitales contra figuras públicas del país, con el objetivo de obtener recursos económicos.
Según los datos a los que El Nuevo Diario ha tenido acceso, en la red estarían involucrados Ángel Eduardo Martínez Estévez, hijo de Ángel Martínez, la comunicadora Claudia Pérez (“La Tora”) y el general retirado Rafael Percival Peña, quien era padre del difunto exteniente John Percival Matos, muerto por la Policía en el 2016 tras ser acusado de múltiples delitos, incluyendo el asalto a la sucursal de una entidad bancaria.
Además, el periodista Fernando Peña, Luis Alfredo Cabrera alias “Kapullet” y José Macarallo, propietario del canal de YouTube que lleva por nombre La Quinta Pata.
Los abogados indicaron que se están llevando a cabo, investigaciones sobre los videos difundidos por el comunicador, para determinar incluso quién les ponía los subtítulos.
La investigación ya habría detectado la realización de transacciones económicas entre los implicados.
Se recuerda que ayer domingo, Ángel Ramón fue nuevamente arrestado por no comparecer a un citatorio judicial en la Fiscalía de Santiago.
El Detective enfrenta una querella por difamación e injuria interpuesta por Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, sustentada en artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Ángel Martínez ya había sido arrestado el pasado 26 de mayo en Puerto Plata, tras ser declarado en rebeldía por no acudir a las audiencias de una demanda presentada en su contra por el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara.
En su contra pesan varias querellas adicionales, entre ellas una del empresario Gutiérrez Almonte, el comunicador Vargavila Riverón, la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán (a quien ofreció disculpas públicas) y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Las acusaciones incluyen presunta extorsión, chantaje, injuria pública, difamación, y delitos tecnológicos, en lo que las autoridades describen como una operación sistemática de ataque mediático a través de canales digitales.
