Por: Orlando Gil
Los abogados no se pondrán de acuerdo porque la política se le impone al derecho, y no importa tanto la ley como la oportunidad del candidato.
Si la ley no fuera clara, y lo es, el sentido común haría la tarea, pues la razón de la iniciativa fue desde un principio parar en seco el transfuguismo.
El relajo más grande de la política dominicana.
Que le tocó a Leonel Fernández, pues bien, alguien debía ser el primero en pagar la consecuencia de una mala práctica.
La ley no incluyó nombre, no dijo a fulano o a zutano, sino que como muchas otras cosas, la decisión es de circunstancia.
La interpretación por ahora es asunto de abogados o de políticos que participan en el debate, pero la interpretación verdadera, la que establecerá el orden, será de la Junta Central Electoral y las altas cortes.
En principio el Tribunal Superior Electoral y en segundo el Tribunal Constitucional.
La JCE deberá hilar muy fino, pues no solo tendrá contra sí los cañones de los interesados, sino la alcahuetería de la opinión pública.
Desde ya se le va debilitando y se le acusa de toda ocurrencia. Por ejemplo ¿cómo puede el organismo ser responsable de la compra de votos?
La Junta puesta contra la pared y al grito de la candidatura o la renuncia, tendrá que ceder aun en contra de su voluntad y desconociendo la ley. Algún día habrá que volver sobre la noción de autoridad, o el significado del vocablo consenso, pues ni una ni otro tienen validez en este tiempo.
Igual habrá de preguntarse por la coherencia y pensar en el PRM que guarda silencio ante la flagrante embestida de La Fuerza del Pueblo contra una de sus propuestas de ley.
La recusación o condena del transfuguismo fue idea de la corriente mayoritaria del PRD (encabezada por Luis Abinader e Hipólito Mejía) que después se convirtió en PRM.
No se entiende por tanto qué candidato y partido se presten al despropósito de echar de lado una disposición suya y que en su momento se consideró apropiada.
