Santo Domingo. – El director de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini Adames, solicitó la urgente la aceptación de la ley de Extinción de Dominio, como única herramienta efectiva para recuperar los bienes sustraídos por la corrupción administrativa.
Para el organismo de la sociedad civil resulta indispensable desempolvar el proyecto de ley que ha perimido, unas 7 veces en la cámara de diputados, sobre la Extinción de Dominio, por tratarse de un mecanismo de naturaleza civil y autónomo, para fuera del juzgamiento penal recobrar los bienes públicos defraudados por la corrupción.
De acurdo Potentini, el combate a la corrupción ha fracaso, máxime cuando estudios sobre los bienes reivindicados, por cualquiera de los medios procesales ordinarios, hoy dan cuentas de que apenas, solo se recupera el 1% del patrimonio llevado entre las garras de la corrupción.
La FJT entiende que es el momento oportuno para generar los cambios que permitan mayores y más eficientes herramientas para la persecución de la corrupción, se advierte una voluntad política firme de parte del gobierno; además del clima de reformas que viene Abinader impulsando, todo ello concretaría el espacio ideal para lograr la aspirada y marginada ley de extinción de dominios.
La referida ley sugerida recientemente por el representante de los Estados Unidos de Norteamérica en el país, vendría a establecer la mecánica procedimental para el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos, con el objetivo de reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales.
Igualmente, Potentini solicitó del Congreso Nacional, el incluir en el nuevo Código Penal, un esquema de protección de testigos para empleados públicos y ciudadanos que denuncien la corrupción, por tratarse de un compromiso internacional derivado del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento e Implementación (Mesicic).
El Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA y la República Dominicana forma parte del mismo desde el 4 de junio de 2001, representada a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
