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#VIDEO Audiencia preliminar definirá futuro judicial de Hugo Beras, Jochy Gómez y demás imputados en junio

El caso involucra a 17 personas acusadas de estafa, sabotaje y terrorismo. La decisión del tribunal se espera el 5 de junio. La defensa pidió auto de no ha lugar por supuesta falta de pruebas.

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Con la presentación de las réplicas de la defensa, este viernes finalizó la audiencia preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros imputados, acusados de sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo y de un presunto desfalco de más de 1,300 millones de pesos al Estado dominicano.

Durante la jornada, los imputados y sus abogados reiteraron su postura de que el tribunal dictará un auto de no ha lugar, al considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación del Ministerio Público.

Postura de la defensa

Al presentar sus argumentos, José Ángel Gómez Canaán aseguró que, contrario a lo planteado por el órgano acusador, el Estado dominicano mantiene una deuda superior a los 800 millones de pesos con la empresa Transcore.

Explicó que dicha compañía recibió un anticipo de 263 millones de pesos, pero habría ejecutado inversiones que, según afirmó, superan los 1,100 millones en el proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

No obstante, durante su intervención, el imputado no abordó los señalamientos relacionados con la presunta falsificación de documentos.

Señalamientos del caso

De acuerdo con el Ministerio PúblicoGómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos a través de empresas como Transcore LatamDekolor y PagoRD Xchange, además de ser presuntamente responsable del control de los sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, así como del sabotaje a la red de semáforos.

En tanto, la acusación también establece que Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones irregulares a empresas sin la capacidad técnica requerida y que presuntamente participó en la manipulación del sistema semafórico y de videovigilancia.

El proceso involucra a un total de 17 personas físicas y jurídicas, a quienes el Ministerio Público imputa cargos de estafa contra el Estado, sabotaje y terrorismo.

Próxima decisión judicial

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