SANTO DOMINGO.- La entrada en vigor de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las empresas, contempladas en el nuevo Código Penal, ha generado posiciones encontradas entre legisladores, con advertencias de que el sector empresarial debe prepararse para responder ante la justicia y planteamientos a favor de conceder un plazo adicional para facilitar su adaptación.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Carlos Sánchez, defendió que las empresas deben someterse al marco legal en igualdad de condiciones que los demás sectores de la sociedad, al considerar que el nuevo marco jurídico debe abarcar todos los ámbitos de la vida nacional.
Sánchez sostuvo que el sector empresarial ha tenido tiempo suficiente para prepararse, al recordar que el Código Penal entró en vigor de manera general en agosto y que las disposiciones específicas sobre responsabilidad penal corporativa fueron aplazadas para una fecha posterior.
“Nadie puede estar exento de la ley. Es bueno que todo el mundo se ajuste a lo que dice la ley; ya deben de estar preparados, que lean bien el código para que sepan cuáles son los puntos que acarrean algún tipo de sometimiento o de hecho que tenga que ver con la justicia”, afirmó el legislador.
Asimismo, restó importancia a la propuesta del senador Rafael Barón Duluc, aprobada en el Senado, que plantea posponer por dos años la aplicación de estas disposiciones, hasta el 5 de noviembre de 2028.
Para Sánchez, la iniciativa debe agotar su trámite legislativo y no implica que la entrada en vigor prevista para el 5 de noviembre quède automáticamente suspendida.
De su lado, el diputado Eugenio Cedeño consideró atendible evaluar una extensión del plazo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a los costos económicos, logísticos y operativos que implica elaborar e implementar programas de cumplimiento legal.
En ese sentido, propuso crear una mesa de trabajo entre el Ministerio de Trabajo, la Defensa Civil, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Procuraduría General de la República, junto con representantes del empresariado, para diseñar modelos de cumplimiento que puedan ser adoptados de manera efectiva y con menores dificultades.
Sin embargo, advirtió que una eventual prórroga debe responder a razones concretas y no convertirse en una vía para evadir la aplicación de la ley.
“Cuando no hay voluntad de cumplir la ley, el tiempo es lo que menos importa”, expresó Cedeño al insistir en que las disposiciones deben entrar en vigor lo antes posible.
En tanto, el diputado y vocera de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Amado Díaz, manifestó su sorpresa ante las declaraciones de representantes del sector empresarial sobre la necesidad de aplazar la aplicación de estas disposiciones.
Explicó que la iniciativa aprobada en el Senado será conocida por la Cámara de Diputados y que existe un compromiso de darle el tratamiento legislativo correspondiente una vez sea incluida en agenda.
Díaz indicó que la propuesta será remitida a una comisión para su estudio y aseguró que se le dará la celeridad que amerita, por lo que descartó que exista razón para generar preocupación sobre su trámite.
Mientras, el senador Dagoberto Rodríguez, consideró que el Congreso podría evaluar mecanismos para ofrecer facilidades al sector empresarial, siempre que se mantenga el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley.
Aunque dijo estar de acuerdo con que las empresas se sometan a las disposiciones legales, sostuvo que una eventual prórroga no necesariamente representaría un problema si contribuye a que el sector se adapte adecuadamente.
Rodríguez advirtió, sin embargo, que cualquier extensión debe tener un límite porque tarde o temprano las empresas tendrán que cumplir con las obligaciones establecidas.
“Si se le puede dar la oportunidad de la flexibilidad y darle una prórroga, pues no hay problema”, expresó, al insistir en que el tiempo concedido no debe convertirse en una excusa permanente para postergar el cumplimiento de la normativa.
El diputado del partido Fuerza del Pueblo, Alcibíades Tavárez, también expresó su respaldo a la extensión de dos años para que las empresas se adapten a las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial, al considerar que el plazo es prudente para cumplir con las exigencias de la ley.
El legislador sostuvo que tanto las grandes como las medianas y pequeñas empresas necesitan tiempo para realizar los ajustes necesarios, señalando que tres meses resultaban insuficientes.
Tavárez subrayó que el Estado debe propiciar condiciones favorables para la operatividad y el crecimiento del sector empresarial, al destacar su importancia en la economía nacional.
«Nosotros debemos de contribuir, coadyuvar a que haya un ambiente, un clima de operatividad de las empresas, porque el Producto Interno Bruto de nuestro país, el 85% es sector privado, son las empresas que lo producen, entonces hay que crear un clima de facilidades para que esas empresas prosperen y se puedan adaptar a los nuevos códigos», afirmó.
Las posiciones de los legisladores reflejan el debate abierto en torno a la aplicación de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas: mientras unos defienden que se cumplan los plazos previstos, otros consideran necesario evaluar las dificultades que pudieran enfrentan las empresas para implementar mecanismos internos de prevención y cumplimiento.
El punto de coincidencia es que el sector empresarial deberá ajustarse a las nuevas exigencias legales, aunque persiste la discusión sobre si corresponde mantener la fecha prevista o conceder un período adicional para facilitar su aplicación.
