SANTO DOMINGO. – El empresario José Gómez Canaán (Jochi Gómez) presentó su defensa material este viernes durante una audiencia celebrada en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidida por la jueza Yanibet Rivas, en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra.
Durante su intervención, Gómez Canaán calificó como “absurda” la acusación del Ministerio Público, señalando que, aunque inicialmente entendía que no era necesario pronunciarse debido a que sus abogados habían refutado las imputaciones, decidió intervenir ante lo que consideró una réplica infundada.
El empresario rechazó de manera categórica la acusación de estafa al Estado dominicano vinculada al contrato ejecutado por la empresa Transcore, específicamente en relación con el anticipo del 20% del monto contratado.
Afirmó que dichos fondos fueron destinados al pago de suplidores internacionales y a la ejecución del proyecto, no a su distribución irregular.
Asimismo, explicó que la ejecución del contrato inició en junio de 2023, previo a los desembolsos estatales, los cuales se realizaron meses después.
Expresó que, en ese período, la empresa operó mediante financiamiento bancario y aportes privados, lo que, según sostuvo, evidencia el compromiso con el proyecto.
En cuanto a las transferencias internacionales señaladas por el órgano acusador, precisó que correspondieron a pagos a suplidores en diversos países por la adquisición de equipos, los cuales fueron debidamente importados al país cumpliendo con las obligaciones aduaneras.
Gómez Canaán también destacó que la red semafórica instalada en el Gran Santo Domingo se encuentra en funcionamiento, cuestionando la acusación de estafa cuando, según afirmó, el Estado recibió una infraestructura operativa cuya inversión superó el monto desembolsado.
Respecto a las imputaciones de sabotaje y terrorismo, el empresario cuestionó la base de la investigación, señalando que no fue realizada por los organismos especializados correspondientes. Atribuyó las fallas del sistema a decisiones técnicas adoptadas por autoridades, pese a advertencias previas.
Sobre las acusaciones de lavado de activos relacionadas con la empresa Dekolor, aseguró que se trata de una compañía auditada, cuyos ingresos provienen de servicios prestados al Estado bajo estructuras legales. Negó cualquier irregularidad en su funcionamiento.
En relación con otras entidades mencionadas en el proceso, explicó que Aurix fue una iniciativa tecnológica sin fines comerciales, mientras que OML Inversiones corresponde a una empresa familiar dedicada a la administración patrimonial.
El empresario también rechazó las acusaciones vinculadas a la Ley de Armas, indicando que posee únicamente armas adquiridas de manera legal y con permisos vigentes.
Abordó el impacto personal del proceso, reiterando que ha cumplido con todas las medidas impuestas y que no tiene intención de abandonar el país.
Dijo que defenderá para su honor y patrimonio, alegando que existen intereses dirigidos a despojarlo de sus bienes.
